Contra la segregación más sanidad, más enseñanza y más transporte: públicos. Bloque Combativo y de Clase.

 Ante la nueva ocurrencia de la Comunidad de Madrid, que afirma querer confinar o restringir los movimientos a los barrios obreros del sur, desde el Bloque Combativo y de Clase queremos denunciar que es una acción política segregacionista que no tiene cabida en un estado de derecho.

Teniendo en cuenta en primer lugar que hace ya varias semanas sindicatos y vecinos venimos denunciando el cierre y la falta de personal médico en centros de Atención Primaria. También se ha denunciado en todos los ámbitos la falta de personal de profesores, enfermeros y personal de limpieza en colegios e institutos. A ello se le suma el abandono y la falta de personal y medios en el transporte público, lo cual contrasta con la libertad de ir a trabajar a pesar de que no haya garantías sanitarias.

Por otra parte, la política de ataques continuados se está cebando también con los jubilados y pensionistas, que han sufrido recortes en su poder adquisitivo además de falta de garantías sanitarias que han condenado a sufrir agravamiento de la enfermedad y en muchos casos la muerte.

Dice la presidenta de la Comunidad, Ayuso, que esta medida se debe al modo de vida de los barrios obreros, cargando contra los vecinos y vecinas de nuestros barrios. Señala de manera racista y xenófoba a la población migrante como responsables del aumento de los contagios. Sus acusaciones son dignas del gobierno fascista al que representa (PP-Cs + Vox) en donde el odio al pobre y la pleitesía hacia los ricos y sus empresas privadas está a la orden del día. Donde su racismo es capaz de tildar de estilo de vida la pobreza, la precariedad laboral, el hacinamiento; evadiendo la responsabilidad institucional sobre el abandono y la falta de recursos públicos, destinados hacia la mejora de la calidad de vida y dignidad de todos los vecinos y vecinas de los barrios más populares de Madrid.

Pero si Ayuso y sus cómplices pretenden hacernos cargar con sus despropósitos y su conducta criminal, pueden estar seguros de que no nos quedaremos aislados y mudos. La principal causa de contagio no está en nuestras calles y plazas, nuestros parques y comercios no son lugares desde donde se extiende la plaga de por sí. La zona cero está en la Puerta del Sol, en la antigua DGS, está en apartamentos de lujo cedidos por empresarios corruptos.

No en vano, además de la venta escandalosa de la vivienda de protección pública a los “fondos buitre”, promovida por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para beneficio privado; durante las últimas semanas no han cesado los desahucios en nuestros barrios, a ninguna institución le interesa abordar soluciones para la problemática de la vivienda. Todo lo contrario, han reforzado una campaña mediática anti-okupación promovida por las empresas de seguridad Securitas y Prosegur (alarmas).

No queremos más represión, persecución y ataques racistas de mano de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, queremos que se respete nuestra dignidad, nuestros derechos y libertades. No vamos a permitir que mientras se persiga al pueblo trabajador, los cayetanos sigan saliendo libremente a divertirse, las empresas privadas se estén beneficiando de esta crisis a manos llenas gracias a la caverna política que gobierna Madrid, y a todas las instituciones que no ponen remedio al saqueo diario de los servicios públicos. Además de todo ello seguimos indefensos las trabajadoras y trabajadores, con el mantenimiento de las Reformas Laborales de 2010 y 2012, las reformas de las pensiones de 2011 y 2013 y el Pacto de Toledo y la falta de contundencia política ante los ataques de derechos que sufrimos, con más virulencia en la crisis actual, y que condena a la clase obrera a más explotación, precariedad laboral y paro.

No tragamos con su doctrina del shock en nombre de una salud pública que destruyen sistemáticamente. Olvídense de crear guetos fascistas. Reclamamos:

• Abran y refuercen los centros de salud de Atención Primaria, abandonando el hospital-centrismo y la cesión de la gestión a empresas privadas en todo el sistema sanitario 

• Doten a la educación pública de los recursos necesarios para el fomento del desarrollo del alumnado, la promoción y prevención de la salud, la seguridad de las plantillas y familias, de todas.

• Destinen más fondos al transporte público y al mantenimiento de los barrios. No queremos mendigar derechos y si no los tenemos los tomaremos, tenemos derecho a la vivienda del mismo modo que lo tenemos a alimentarnos.

• Paralicen todos los desahucios que están ejecutando y que tantos beneficiarios tiene como lo tienen las grandes empresas y entidades bancarias de este país. 

• Que quiénes sistemáticamente han robado de las arcas públicas y se han beneficiado de las grandes estructuras económicas del estado lo devuelvan. 

Por mucho que nos confinen a los barrios del sur, la clase trabajadora, en las condiciones que funciona el transporte público, la sanidad y los sistemas educativo y productivo va a seguir en riesgo de contagio. Si hay que luchar contra el Covid19, tendrá que ser con medidas iguales para todas y todos.

Ante el confinamiento de los barrios obreros, 

¡Servicios públicos y de calidad!

¡Dignidad y respeto para los barrios obreros!

NOS TENDRAN ENFRENTE

VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA

La lucha sigue por las pensiones: PÚBLICAS Y DIGNAS. Bloque Combativo y de Clase.

 Es una realidad que todo derecho conquistado por la clase trabajadora es atacado sistemáticamente por la banca, la patronal, por el sistema en general, tanto en el Estado Español como en el resto de Europa. Hay una situación de revancha para eliminar los derechos que aún nos quedan. La otra cara del ataque se ceba en todo lo público: sanidad, educación, servicios (transporte, administraciones…), y contra las pensiones de la clase trabajadora cuyo soporte es el Sistema Público de Pensiones.

Continuamente vemos como en los medios de comunicación, que de forma ejemplar sirven de voceros de los intereses de sus dueños (gran empresa, banca, etc.), nos bombardean arremetiendo contra la sostenibilidad y viabilidad de las Pensiones Públicas, para desmantelar el sistema actual con manipulaciones y argumentos hechos a medida de sus objetivos.

Estos objetivos fundamentales son: derivar la gran masa económica que maneja el Sistema Público hacia la banca privada; y por supuesto, sustraer a las trabajadoras y trabajadores mayores plusvalías por su trabajo, incrementando las ganancias del capital. ¿Por qué esta afirmación? Porque las pensiones no dejan de ser salario, rentas del trabajo que se perciben de forma diferida, y en un sistema de reparto como es el actual, la percepción de este salario es intergeneracional, de los trabajadores/as en activos a los pasivos, a los pensionistas; es un sistema solidario.

Estos ataques y las continuas reformas debilitantes del sistema público nos quieren llevar a un sistema individual y privado, incentivando los mal llamados “planes de pensiones” privados, individuales o de empleo, o promoviendo modelos como la mochila austriaca, que es un fondo de ahorro individual proveniente del salario del trabajador/a que es “invertido” a través de los fondos del mercado financiero; se utilizará posteriormente en caso despido o para la jubilación. Lo mismo que los “planes de pensiones” es traspasar las rentas del trabajo a las rentas del capital, incrementando las ganancias del gran capital, de los especuladores, de la banca…

Ya hay experiencias de la aplicación de estos sistemas capitalistas, como el modelo chileno, que tras el golpe militar e instaurada la execrable dictadura, obligó a los trabajadores/as a aportar a los fondos de pensiones privados, suprimiendo las pensiones públicas, cosa que no ocurrió con los miembros de las fuerzas armadas y altos funcionarios que sí las mantenían. De esta maniobra financiera bancos españoles con presencia en Chile también se beneficiaron. Llegado el momento de cobrar la pensión como dicen los afectados: “se hicieran las cuentas y por los números que se hicieran nadie nunca llegaba a cobrar ni siquiera el salario mínimo”, dejando a los trabajadores/as prácticamente en la indigencia.

El primer gobierno de Bachelet modifico la ley para complementar desde las arcas públicas las pensiones provenientes de los fondos privados hasta complementar el salario mínimo (el de Chile). Esto es una estafa y robo a gran escala por parte de los de siempre.

Entre los falsos argumentos que utilizan para atacar a las pensiones públicas está el incremento de la esperanza de vida. Un dato utilizado de forma sesgada, o manipulada, dado que se incrementa más la esperanza de vida en las clases sociales con mejores condiciones económicas, pero no ocurre lo mismo con las clases sociales más desfavorecidas y que son las receptoras de mayor número de pensiones públicas, eso sí, de cuantía mínima. También quieren aplicar la lógica de los sistemas privados introduciendo un factor de riesgo como si fuera un producto financiero que penaliza vivir algún año más, pero cargándolo sobre las clases populares.

Es sabido que en este momento se quiere llegar a un consenso para dar otra vuelta de tuerca a las pensiones, lo que denominan otra reforma del Sistema de Pensiones, en el marco del Pacto de Toledo, y lo quieren hacer urgente, según el ministro Escrivá. Para nosotros no supone ninguna garantía el gobierno actualmente constituido, dado que sigue a pie juntillas las imposiciones de la Unión Europea, y que van directamente en perjuicio de los pensionistas actuales y de futuro, con un intento de reducir aún más las prestaciones y endurecer y dificultar el acceso a una pensión digna.

Cualquier modificación en ese sentido llevará al Sistema Público de Pensiones a una mayor precariedad, que inevitablemente conduce a unas peores condiciones de vida de nuestros jubilados y jubiladas, condiciones que para una gran mayoría son ya prácticamente de miseria y están al límite. Seguimos con un sistema que para 5 millones de pensionistas su pensión se sitúa entre 350 y 735 euros, que el 70% no llega ni a 1000 euros y que se mantiene la vergonzosa brecha de género.

En el Pacto de Toledo no están representados los intereses de los pensionistas, ni de la clase trabajadora en general. Siguen estando los mismos (incluidos CCOO y UGT) que subieron la edad de jubilación a 67 años, o que ampliaron los años de cotización para el acceso y el cálculo de la pensión, y los que introdujeron factores de corrección, como el factor de sostenibilidad o de revalorización, lo que conlleva una minoración de la pensión. Tampoco nos olvidamos de que fue el Pacto el que facilitó los planes privados de pensiones, un fabuloso negocio para todos los que participan en la gestión de estos “planes”, incluidos los sindicatos del sistema que también entran al reparto del botín. Por lo tanto, en este marco no habrá soluciones favorables para los jubilados y jubiladas, para la clase trabajadora.

Otra pelota que tiene en el tejado este gobierno son las diferentes reformas laborales que precarizaron las condiciones laborales, empeoraron el acceso a la pensión y disminuyeron la cuantía que se percibe. Nosotros y nosotras exigimos su derogación, porque suponen un grave retroceso en los derechos laborales; además, porque sin empleo en condiciones y con salarios dignos el Sistema Público de Pensiones pierde su sustento fundamental.

Nos reafirmamos en las reivindicaciones que fraguaron, dieron sentido y unidad al movimiento por la defensa del Sistema Público de Pensiones, que fundamentalmente son:

1. Pensión mínima de 1.084 euros mensuales.

2. Pensiones a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.

3. Derogación inmediata del Pacto de Toledo.

La lucha continúa, las pensiones de los trabajadorxs siguen siendo objetivo de la rapiña y saqueo por parte del capital. Reiteramos el llamamiento a la clase trabajadora: en activo, pensionistas, parados, estudiantes… para organizarse y luchar por lo que nos pertenece, por las conquistas que consiguieron los y las que nos han precedido.

¡GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LOS DERECHOS SE DEFIENDEN!

NO AL PACTO DE TOLEDO

El 20 de junio se rompió el bloqueo del Estado de Alarma rotundo éxito de las manifestaciones por la Sanidad Pública

Llevamos mucho tiempo luchando por la SANIDAD PÚBLICA, por la derogación de las leyes y normas que permiten su privatización.  Está comprobado que el lucro, la especulación y la infinita codicia de este sistema capitalista tiene sobre el pueblo fatales consecuencias, para que unos pocos, los de siempre, se sigan enriqueciendo a costa de violar los derechos humanos, con la necesaria connivencia de la dirigencia política y los sindicatos del sistema.

Aún vigente el Estado de Alarma, el pasado 20 de junio se materializó en las calles de muchas ciudades y pueblos la lucha por un Sistema de Salud Público, para revertir todas las privatizaciones que han llevado al desastre de la Sanidad, fundamentalmente para la clase trabajadora y las clases populares.

Tristemente ha tenido que llegar una pandemia para sacar a la luz con toda su crudeza la lamentable situación sanitaria en la que nos encontramos.

Y estas manifestaciones han sido un éxito. Pese al bloqueo informativo, pese al miedo y las dificultades que provoca el Estado de Alarma, se ha salido a la calle manteniendo las normas, con mascarillas y distancia de seguridad, siendo un ejemplo de conciencia y de saber estar muy distinto de otras manifestaciones anteriores, de otra clase social, la egoísta y explotadora.

Este movimiento retoma la lucha colectiva que implica a todas y todos en defensa de una Sanidad Pública con recursos suficientes y con plantillas bien dimensionadas de profesionales sanitarios y de todo el personal necesario, con sus derechos garantizados.

En septiembre estamos emplazados para seguir organizando y extendiendo esta justa lucha. Se está intentando romper la unidad necesaria para este movimiento, hay mucho en juego…, y los oportunistas de turno aparecerán para hacer descarrilar este proyecto, los mismos que han callado durante tanto tiempo o han colaborado para liquidar lo que queda de lo público.

No va a ser un camino fácil. Es necesario que tengamos claros nuestros objetivos y los hagamos irrenunciables desde el principio. La Sanidad Pública, las Residencias de Mayores, los Servicios Sociales y de cuidados a Dependientes y Discapacitados, nunca pueden ser un negocio y, por tanto, el ánimo de lucro tiene que desaparecer de estos servicios. Para conseguir la ansiada Sanidad que el pueblo necesita el primer paso tiene que ser derogar la ley que permite su privatización: la ley 15/97 y las leyes que la acompañan.

No será suficiente con derogar las injustas leyes. Hay que crear normas legislativas que estructuren y den contenido a la Sanidad que queremos para todas y todos, como son:

• Rescatar todo lo privatizado: fuera las empresas de la Sanidad.

• Atención Primaria centrada en la salud colectiva.

• Supresión de redes paralelas.

• Incompatibilidad público-privada.

• Industria sanitaria y farmacéutica pública.

• Sanidad para todas y todos, independientemente de la situación administrativa.

• Cuidado de nuestros mayores con dignidad.

• Sistema sanitario centrado en los determinantes sociales de la salud y la enfermedad.

Nos volvemos a ver en las calles, en las plazas y en las asambleas. Nuestra salud y nuestra vida están en juego.

Nosotras y nosotros lo tenemos muy claro:

¡SÓLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO!

Contra los despidos, la lucha. No al “Diálogo Social” entre patronal, sindicatos burocratizados y Gobierno.

Estas últimas semanas hemos visto desatarse una oleada de despidos. Nissan ha anunciado que va a cerrar sus factorías en Barcelona y dejar 3000 trabajadores en la calle, afectando a otros 27.000 empleos indirectos, entre empresas de componentes, proveedores, etc. Otro tanto ocurre con la fábrica de aluminio de Alcoa en Lugo, que va a despedir a más de 500 trabajadores. 

Los ERTEs amenazan con convertirse en EREs. Los trabajadores de los servicios a bordo de los trenes de Renfe, empiezan a temer por su futuro. También muchos de los empleados del comercio, la hostelería o el turismo. Tras la oleada de suspensiones que dejó a millones de trabajadores dependiendo de exiguos y condicionados subsidios, viene el tsunami de pérdidas de puestos de trabajo.

Y los que mantienen su empleo, se encuentran con situaciones extremas de inseguridad, peligro para sus vidas, y pérdida acelerada de condiciones de trabajo. Los empresarios pretenden que se les “devuelvan” las horas en la limpieza viaria madrileña. Trabajadoras de los centros de belleza, que han sido obligadas a ir a trabajar pese a estar en situación de ERTE para no perder su empleo, son despedidas por la supuesta finalización de supuestos contratos temporales en fraude ley. Nadie se preocupa de garantizar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales frente al Covid-19.

Mientras tanto, los empresarios hacen grandes cumbres virtuales y reclaman ayudas al gobierno para todos los sectores imaginables. Ayudas que el gobierno otorga con profusión a los grandes patronos de la automoción o el turismo, sin pedirles nada a cambio. Ni cesiones entorno a la negociación colectiva, ni la retirada de la reforma laboral, ni participación obrera en la gestión de las empresas, ni construcción de un sector público empresarial que garantice la soberanía productiva y tecnológica. El gobierno va a rescatar, con los impuestos pagados por los trabajadores, a las grandes transnacionales, los fondos buitre y la oligarquía incapaz de nuestro país. Todos nos tendremos que apretar el cinturón para que no decaiga el festín de corrupción y la transferencia de rentas del común a manos privadas en que consiste el degradado capitalismo español.

Europa nos promete dinero a cambio de más recortes, de más privatizaciones, de más “colaboración público-privada” (porque tenemos un empresariado que es incapaz de generar ningún modelo de negocio que no consista en “meter la mano” en las arcas públicas), de más “flexibilidad” laboral (es decir, facilidad para el despido) y de peores pensiones públicas y servicios sociales y educativos. Todos quieren su parte del saqueo. Su botín robado a los trabajadores y ensangrentado por una pandemia que podía haberse controlado si no se hubiera legalizado el latrocinio con la ley 15/97, facilitando la derivación de los recursos de la Sanidad Pública a la empresa privada.

Todos participan. También el Ministerio de Trabajo y los sindicatos oficialistas y burocratizados (UGT y CCOO) que han iniciado nuevas rondas de un “diálogo social” que consiste básicamente en debatir con la patronal cómo hacer que los trabajadores traguen con todo esto. Cómo hacer para no derogar la reforma laboral, pese a las promesas electorales. Cómo hacer para que continúen los ERTEs. Cómo hacer para que la defensa de la igualdad de género en las empresas se transforme en una pila de papeles y una actividad de gestión burocrática para que vivan de ella algunas consultoras. Cómo hacer para que se “devuelva” el tiempo de trabajo del confinamiento, como si los trabajadores hubieran estado de fiesta o vacaciones, mientras se les confinaba, amenazaba, y se prohibían sus protestas públicas.

Nosotras y nosotros no vamos a participar de ese “diálogo social”. No le vamos a mandar cartas de amor a la Ministra de Trabajo ni le vamos a publicar publi-reportajes en la prensa obrera. Nosotros hemos decidido luchar. Movilizarnos. Defendernos.

Hacemos un llamamiento a la clase trabajadora, a los sectores más vulnerables de la clase media (autónomos, profesionales…) y a todas las personas con sensibilidad humanitaria, social y democrática de este país. 

Os llamamos a la movilización. A la acción. A la autoorganización. A la construcción de una alternativa de sociedad. A la alianza para la lucha.

Estamos ante una bifurcación histórica sin precedentes en nuestro tiempo de vida. El futuro se juega ahora. O avanzamos, o perderemos mucho más de lo que podemos imaginar. 

Trabajadores: el futuro está en vuestras manos. 

El único futuro vivible está en nuestras luchas.

No es tiempo de “diálogos” adormecedores, sino de defender decididamente lo vuestro.

Bloque Combativo y de Clase

Desastre en la Sanidad Pública. Bloque Combativo y de Clase

Un drama como el que hemos vivido y previsiblemente seguiremos viviendo durante tiempo, nos ofrece la posibilidad de pensar, de sentir, de entender, … en definitiva la posibilidad de cambiar.

De cambiar socialmente, pero también desde el punto de vista personal.

Dice el refrán que ‘no hay peor ciego que el que no quiere ver’. Y desgraciadamente es cierto: durante años, a pesar de la evidencia del desmantelamiento de los servicios públicos, la sociedad ha mirado para otro lado.

En el aspecto sanitario porque, pese a la evidencia del deterioro (disminución de la calidad, listas de espera incompatibles con la salud y la vida, …), la sociedad se ha limitado a una solución ‘individualista’: huir –quien ha dispuesto de medios económicos para ello- de la Sanidad Pública y buscar la solución en las pólizas de seguros privados. ‘Y quien no tenga para ello, que se aguante’.

Solución, repetimos, individualista, que ha contribuido al desastre vivido por la pandemia, al encontrarnos con una Sanidad Pública descapitalizada, desmantelada, privatizada en gran parte y sin la capacidad de respuesta necesaria; solo paliada por el enorme esfuerzo de sus trabajadoras y trabajadores, esfuerzo que en muchas ocasiones han pagado con su propia salud.

Consideración aparte debería realizarse de lo sucedido en las residencias de mayores, sector altísimamente privatizado y con una evidente carencia de medios, personal y, por lo tanto, de calidad.

La indignidad que han padecido nuestros mayores, la más que evidente conducta criminal de las Administraciones Públicas en comunidades como Madrid debe tener, inexcusablemente, consecuencias. 

Pero en ambos sectores, sanitario y socio-sanitario, deberíamos tener en cuenta que “si se recorren los mismos caminos llegaremos al mismo sitio". 

Y decimos esto porque es más que conveniente recordar que en Madrid, durante 2012-2013, se hizo todo lo posible por convencernos de que “se había frenado la privatización” y como hemos podido comprobar en nuestras propias carnes, era mentira y solo se trataba del más burdo manejo.

Tampoco deberíamos olvidarnos de que el deterioro y privatización del sistema sanitario no surgieron por generación espontánea: ‘hay responsables’. Por un parte quienes se benefician económicamente y, por otra, quienes no adoptan de manera prioritaria los cambios legales necesarios (nos preguntamos por qué).

Y al principio de  este escrito, señalábamos también la necesidad de cambios personales.

Nadie entendería que una postura contra el machismo se limitase a pedir cambios legales: ‘son imprescindibles los cambios personales’.

Lo mismo sucedería con la lucha contra el cambio climático, en la que nuestras posturas y compromisos personales son absolutamente necesarios.

Pues lo mismo sucede en la sanidad y la dependencia: cuando el lucro y el negocio marca la actuación en salud o el cuidado de las personas mayores, mal vamos. No volvamos a consentirlo. 

Por una ética humana en el cuidado de la salud y la dependencia.

Por la derogación de la Ley 15/97.

Por la vuelta a manos públicas de todo lo privatizado.

Por la potenciación de la Atención Primaria. 

Acude el 20 de junio de 2020 en Madrid a la manifestación a las 20 horas de  de Atocha-Hospital Niño Jesús o al resto de movilizaciones que tendrán lugar en todo el estado.

En defensa del transporte público. Bloque Combativo y de Clase

Sería necesario hacer un acto de reflexión y de memoria, para comprobar las miserias y las mentiras de un sistema capitalista insaciable y carroñero, al que los trabajadores y trabajadoras no le importamos absolutamente nada. Cuando el negocio se pone por encima del bien común, llámese sanidad, educación, dependencia, transporte etc., se produce el mayor desprecio hacia las personas, sin importar lo más mínimo las consecuencias que esta situación provoca. Tampoco hace falta retrotraerse mucho tiempo, para ver y comprobar la esquilmación que se ha venido realizando de cualquier servicio público, dinero fácil y asegurado, negocio redondo, y si existen pérdidas, que no se preocupen los carroñeros, que el estado corre con la cuenta, ya lo pagará la clase obrera.

El mantra utilizado siempre ha seguido el mismo guion, primero se degradan los servicios públicos, para después con la justificación del mal funcionamiento del servicio, llevar a cabo el los pasos siguientes, las externalizaciones entregar a manos privadas trabajos de mantenimiento que contratan y subcontratan reiteradamente haciéndose con un negocio seguro.

Unos meses atrás se recrudecieron los ataques a los transportes públicos, con la clara intención de degradar el servicio, adelgazando la plantilla hasta el punto de suprimir y eliminar trenes y autobuses desproporcionadamente, tanto en el Metro, como en la EMT, que provocaba el aumento de intervalos y que las frecuencias de paso se viesen seriamente alteradas, pasando a doblar y triplicar los tiempos de espera. A la vez que se engordaban los equipos Directivos de estas empresas con personal de confianza colocado a dedo, se paraliza le contratación de trabajadores, detraían partidas económicas para provocar cierres de ejercicio en pérdidas y se imponían medidas sin la participación de los trabajadores y trabajadoras, tratando de dividir y fraccionar la unidad de respuesta de las plantillas.

Ante estas actuaciones, solo la lucha de los trabajadores y trabajadoras, el apoyo y la concienciación de los usuarios y la solidaridad de organizaciones sociales y sindicales consiguieron hacerlas frente, obligando a dar marcha atrás a las políticas neoliberales, consiguiendo dotarlos del personal y los medios suficientes como para cubrir los puestos necesarios y prestar así, el servicio de calidad demandado por nuestros usuarios.

Debido a la nueva situación sobrevenida por la pandemia del Covid-19, la ciudadanía está priorizando el uso del transporte privado por encima del público por miedo al contagio, alentada por los poderes gubernamentales. Esta tendencia debe terminar, y en este nuevo escenario se debe volver al uso del transporte público con todas las medidas higiénicas de seguridad y de calidad, siendo fundamental continuar con la contratación de nuevos trabajadores hasta cubrir plantillas y la inversión necesaria en material.

Por lo que la Comunidad de Madrid, los municipios y las empresas del transporte público deberán hacer más atractivo su uso, garantizando un servicio de gran calidad mediante la implantación de medidas como:

Ampliar la red del transporte público mejorando las frecuencias y las horas de funcionamiento, creando nuevas líneas transversales, tanto entre municipios como entre barrios, ampliando los carriles bus y bus-vao. Para ello sería necesario la contratación de personal en todas las diferentes Empresas del transporte público.

Darle un impulso al uso de la bicicleta en los municipios, creando una red de servicio lo suficientemente extensa para que sea accesible a toda la ciudadanía.

La creación de aparca-bicis, aparcamientos disuasorios, etc... en las cercanías de áreas con transbordos intermodales.

La oferta de innovadores planes tarifarios, ampliando la implantación del sistema de pago por tarjetas inteligentes.

Creación de un abono social, ampliar la edad de uso del Abono Joven.

Creación de paradas a demanda por horarios, personas de movilidad reducida, tercera edad.

En definitiva, implementar todas aquellas medidas encaminadas a conseguir un transporte público de calidad, accesible y respetuoso con el medio ambiente.

Una de las lecturas positivas de la situación vivida es la necesidad del mantenimiento y ampliación de los servicios públicos, verdaderos garantes de una sociedad más igual, más solidaria.

Fuera especuladores y arribistas de los servicios públicos.

¡Viva la lucha de la clase obrera!

BLOQUE COMBATIVO Y DE CLASE

No existe alternativa al Transporte Público Colectivo como eje de la movilidad metropolitana en Madrid

Por ello, tanto en la fase de desescalada como en la fase posterior, cuando la situación se haya normalizado, es necesario tomar una serie de medidas que garanticen que el transporte público cumpla su función con total seguridad:

    • Disminuir las necesidades de desplazamientos y escalonar las horas punta

        ◦ Fomentar y consolidar el teletrabajo.
        ◦ Flexibilizar el horario de entrada y salida en los centros de trabajo.
     ◦ Facilitar que todas las gestiones electrónicas de las distintas administraciones sean más accesibles y sencillas.
        ◦ Fomentar las compras de proximidad apoyando al pequeño comercio local frente a las grandes superficies.
     ◦ No autorizar la urbanización de zonas periféricas que no dispongan de los servicios administrativos, educativos, socioculturales y comerciales necesarios, y que no cuenten con un plan de movilidad sostenible que contemple el transporte público en su planificación.

    • Mejorar la oferta de transporte público

        ◦ Asegurar una adecuada oferta de transporte público, dimensionando la red actual (cobertura y frecuencias) de acuerdo con las necesidades reales de movilidad de la población. Para ello, es esencial la contratación de trabajadores de base, primando las áreas de explotación y mantenimiento.
        ◦ Mejorar la información pública en tiempo real sobre opciones de transporte público, tiempos de espera, alternativas existentes, etc., para distribuir la demanda de la forma más adecuada.
        ◦ Aumentar los kilómetros de carriles bus en la ciudad y dotarlos de prioridad semafórica.
        ◦ En todas las principales carreteras de entrada/salida a la capital madrileña convertir uno de los carriles de circulación motorizada en carril-bus.
        ◦ Ampliar la conexión entre los intercambiadores de transportes y los espacios productivos (polígonos industriales y empresariales) mediante autobuses lanzaderas de gran capacidad que circulen por carriles reservados.
        ◦ Introducir un abono social para personas desempleadas y sin recursos.
        ◦ Introducir un billete intermodal que permita cambios entre todos los medios de transporte con el mismo título.
        ◦ Impulsar por parte de las administraciones locales un plan de mejora de la red de Cercanías de Madrid.
        ◦ Facilitar el acceso ciclista a las estaciones e intercambiadores de transporte público, creando zonas de estacionamiento seguro, y promover la intermodalidad Bici-TP.

    • Reforzar la seguridad sanitaria en el transporte público

       ◦ Intensificar las tareas de limpieza y desinfección de vehículos y estaciones.
       ◦ Disponer de informaciones e indicaciones claras en las estaciones y vehículos para asegurar que no se supere el aforo recomendado y las distancias de seguridad (vestíbulos de entrada y salida unidireccionales, pegatina en asientos, indicaciones en los andenes, etc.).
     ◦ Dotar a las distintas plantillas del transporte público (conductores, personal de estación y mantenimiento) de las medidas de prevención y protección necesarias.

    • Garantizar la financiación adecuada para mantener un transporte público de calidad

     ◦ Aprobar una Ley estatal de financiación del transporte público.
     ◦ Reducir las millonarias inversiones previstas para nuevas infraestructuras viarias, reasignándolas en mejorar los servicios e infraestructuras del transporte público y para poner en práctica planes de movilidad sostenible.
    ◦ Crear un fondo de compensación por parte de todas las administraciones competentes con el objetivo de suplir las pérdidas causadas por la emergencia sanitaria a los distintos operadores del transporte público que, además de seguir prestando servicio, han tenido que asumir gastos extraordinarios.
     ◦ Recuperar la gestión pública de actividades derivadas a empresas privadas, y que ha supuesto en un empeoramiento tanto del servicio como de las condiciones laborales del personal contratado. Esta internalización podría empezar por los equipos de limpieza de emergencia, imprescindibles en esta crisis y que actualmente no son suficientes.

SÓLO UN TRANSPORTE PÚBLICO DE CALIDAD
PUEDE GARANTIZAR UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE

(Manifiesto de Madrid en Transporte Público)

Contra la represión al movimiento obrero. Bloque Combativo y de Clase

En el contexto de la ya habitual represión institucional contra la protesta obrera, apuntalada con la Ley Mordaza y justificada en la actual situación de emergencia sanitaria, estamos viendo que en la gestión de esta crisis prima la fuerza, la judicialización y los beneficios de la clase política.

Un prueba más de esta situación son las citaciones realizadas por funcionarios, adscritos a la policía judicial, a varias compañeras de organizaciones sindicales que componen el Bloque Combativo de Clase, para declarar como testigos en la investigación que realizan sobre las diferentes movilizaciones convocadas en el mes de marzo pasado.

En esas fechas que se están “investigando” no hubo únicamente manifestaciones de protesta sociales. También se produjeron grandes concentraciones de personas en diversos eventos como partidos de fútbol (Wanda Metropolitano 60.674 asistentes) de baloncesto (WiZink Center de Madrid, 10.612 espectadores), congresos nacionales (como el Congreso CNIS que trajo gente de toda la península y de fuera de ella a la Nave de Madrid) así como en locales cerrados (restaurantes, cines, teatros, espectáculos, congresos, ferias, misas…). Sin embargo, estos eventos no han sido cuestionados, ni hay ninguna criminalización, ni diligencia que los investigue; incluida la infecta calaña fascista.

¿Dónde están los jueces y fuerzas de seguridad del estado cuando hay que vigilar a los empresarios que están poniendo en riesgo la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras? ¿Dónde, para impedir las aglomeraciones en los transportes públicos durante esas fechas y posteriores? Sólo les usan para un único fin: reprimir.

Desde "la actual situación de emergencia sanitaria"…  se aprovecha para seguir atacando desde diferentes resortes del poder a la movilización social. Vemos como la gente de chalequito y capa protesta por el actual estado. Hacen concentraciones, manifestaciones y cortes de vía pública con total impunidad. Mientras que las manifestaciones obreras, comunicadas a la autoridad gubernativa y cumpliendo con las medidas de distanciamiento social, son prohibidas sistemáticamente.

Nos prohibieron las manifestaciones del 1º DE MAYO, que se plantearon primeramente en coche (un número testimonial) y también prohibieron las que garantizábamos con un número máximo de 50 personas asistentes con todas las medidas higiénicas y sanitarias (guantes, mascarillas, distancia de 2 metros…) Mientras que permiten y se autorizan las manifestaciones de la extrema derecha.

Desde el Bloque Combativo y de Clase tenemos claro a quien señalar y que esto responde a una estratagema política de la derecha patronal, patriarcal y patriotera para desviar las consecuencias de la crisis sanitaria, y la pérdida de derechos que derivarán de ésta, aprovechando para criminalizar las movilizaciones obreras y sociales que siempre les han plantado cara. Están tratando de evadir la grave responsabilidad que recae sobre el modelo de privatización de la sanidad, las residencias y los servicios públicos en general, del que se han lucrado durante años y que tantas muertes está produciendo, antes y durante el Covid-19.

La crisis sanitaria está haciendo estragos en la clase obrera especialmente, que está sufriendo brutales consecuencias. No solamente en sus derechos laborales y sociales, sino también en salud y necesidades básicas. En esta crisis, el capitalismo y el poder establecido que lo defiende, condena a los trabajadores y trabajadoras a primar los beneficios de la clase empresarial frente a la salud. Además, se utiliza con mano de hierro las restricciones que han impuesto en el estado de alarma recuperando la Ley Mordaza para reprimir en los barrios obreros cualquier conducta por nimia que sea, mientras se permite en los barrios burgueses concentraciones y algarabías fascistas en plena pandemia.

Condenamos firmemente estos ataques sin precedentes contra el movimiento obrero, feminista y de clase y cualquier otra protesta social. No vamos a permitir la criminalización y represión de derechos fundamentales.

Este 20 de mayo hemos dado una rueda de prensa ante el Congreso (respetando las medidas sanitarias) contra esta escalada represiva.

Exigimos:

Derogación de la Ley Mordaza

Derogación de las Reformas Laborales de 2010 y 2012. Incluidas las que afectan a las pensiones de 2011 y 2013.

Derogación de la ley 15/97, para impedir la privatización de la SANIDAD.

NO NOS VAIS A CALLAR, NI AMEDRENTAR.

VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA
BLOQUE COMBATIVO DE CLASE

(AST, CSC, Plataforma Sindical EMT, Sindicato de Hostelería, SAS, Solidaridad Obrera, SUSH)