Contra la segregación más sanidad, más enseñanza y más transporte: públicos. Bloque Combativo y de Clase.

 Ante la nueva ocurrencia de la Comunidad de Madrid, que afirma querer confinar o restringir los movimientos a los barrios obreros del sur, desde el Bloque Combativo y de Clase queremos denunciar que es una acción política segregacionista que no tiene cabida en un estado de derecho.

Teniendo en cuenta en primer lugar que hace ya varias semanas sindicatos y vecinos venimos denunciando el cierre y la falta de personal médico en centros de Atención Primaria. También se ha denunciado en todos los ámbitos la falta de personal de profesores, enfermeros y personal de limpieza en colegios e institutos. A ello se le suma el abandono y la falta de personal y medios en el transporte público, lo cual contrasta con la libertad de ir a trabajar a pesar de que no haya garantías sanitarias.

Por otra parte, la política de ataques continuados se está cebando también con los jubilados y pensionistas, que han sufrido recortes en su poder adquisitivo además de falta de garantías sanitarias que han condenado a sufrir agravamiento de la enfermedad y en muchos casos la muerte.

Dice la presidenta de la Comunidad, Ayuso, que esta medida se debe al modo de vida de los barrios obreros, cargando contra los vecinos y vecinas de nuestros barrios. Señala de manera racista y xenófoba a la población migrante como responsables del aumento de los contagios. Sus acusaciones son dignas del gobierno fascista al que representa (PP-Cs + Vox) en donde el odio al pobre y la pleitesía hacia los ricos y sus empresas privadas está a la orden del día. Donde su racismo es capaz de tildar de estilo de vida la pobreza, la precariedad laboral, el hacinamiento; evadiendo la responsabilidad institucional sobre el abandono y la falta de recursos públicos, destinados hacia la mejora de la calidad de vida y dignidad de todos los vecinos y vecinas de los barrios más populares de Madrid.

Pero si Ayuso y sus cómplices pretenden hacernos cargar con sus despropósitos y su conducta criminal, pueden estar seguros de que no nos quedaremos aislados y mudos. La principal causa de contagio no está en nuestras calles y plazas, nuestros parques y comercios no son lugares desde donde se extiende la plaga de por sí. La zona cero está en la Puerta del Sol, en la antigua DGS, está en apartamentos de lujo cedidos por empresarios corruptos.

No en vano, además de la venta escandalosa de la vivienda de protección pública a los “fondos buitre”, promovida por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para beneficio privado; durante las últimas semanas no han cesado los desahucios en nuestros barrios, a ninguna institución le interesa abordar soluciones para la problemática de la vivienda. Todo lo contrario, han reforzado una campaña mediática anti-okupación promovida por las empresas de seguridad Securitas y Prosegur (alarmas).

No queremos más represión, persecución y ataques racistas de mano de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, queremos que se respete nuestra dignidad, nuestros derechos y libertades. No vamos a permitir que mientras se persiga al pueblo trabajador, los cayetanos sigan saliendo libremente a divertirse, las empresas privadas se estén beneficiando de esta crisis a manos llenas gracias a la caverna política que gobierna Madrid, y a todas las instituciones que no ponen remedio al saqueo diario de los servicios públicos. Además de todo ello seguimos indefensos las trabajadoras y trabajadores, con el mantenimiento de las Reformas Laborales de 2010 y 2012, las reformas de las pensiones de 2011 y 2013 y el Pacto de Toledo y la falta de contundencia política ante los ataques de derechos que sufrimos, con más virulencia en la crisis actual, y que condena a la clase obrera a más explotación, precariedad laboral y paro.

No tragamos con su doctrina del shock en nombre de una salud pública que destruyen sistemáticamente. Olvídense de crear guetos fascistas. Reclamamos:

• Abran y refuercen los centros de salud de Atención Primaria, abandonando el hospital-centrismo y la cesión de la gestión a empresas privadas en todo el sistema sanitario 

• Doten a la educación pública de los recursos necesarios para el fomento del desarrollo del alumnado, la promoción y prevención de la salud, la seguridad de las plantillas y familias, de todas.

• Destinen más fondos al transporte público y al mantenimiento de los barrios. No queremos mendigar derechos y si no los tenemos los tomaremos, tenemos derecho a la vivienda del mismo modo que lo tenemos a alimentarnos.

• Paralicen todos los desahucios que están ejecutando y que tantos beneficiarios tiene como lo tienen las grandes empresas y entidades bancarias de este país. 

• Que quiénes sistemáticamente han robado de las arcas públicas y se han beneficiado de las grandes estructuras económicas del estado lo devuelvan. 

Por mucho que nos confinen a los barrios del sur, la clase trabajadora, en las condiciones que funciona el transporte público, la sanidad y los sistemas educativo y productivo va a seguir en riesgo de contagio. Si hay que luchar contra el Covid19, tendrá que ser con medidas iguales para todas y todos.

Ante el confinamiento de los barrios obreros, 

¡Servicios públicos y de calidad!

¡Dignidad y respeto para los barrios obreros!

NOS TENDRAN ENFRENTE

VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA

La lucha sigue por las pensiones: PÚBLICAS Y DIGNAS. Bloque Combativo y de Clase.

 Es una realidad que todo derecho conquistado por la clase trabajadora es atacado sistemáticamente por la banca, la patronal, por el sistema en general, tanto en el Estado Español como en el resto de Europa. Hay una situación de revancha para eliminar los derechos que aún nos quedan. La otra cara del ataque se ceba en todo lo público: sanidad, educación, servicios (transporte, administraciones…), y contra las pensiones de la clase trabajadora cuyo soporte es el Sistema Público de Pensiones.

Continuamente vemos como en los medios de comunicación, que de forma ejemplar sirven de voceros de los intereses de sus dueños (gran empresa, banca, etc.), nos bombardean arremetiendo contra la sostenibilidad y viabilidad de las Pensiones Públicas, para desmantelar el sistema actual con manipulaciones y argumentos hechos a medida de sus objetivos.

Estos objetivos fundamentales son: derivar la gran masa económica que maneja el Sistema Público hacia la banca privada; y por supuesto, sustraer a las trabajadoras y trabajadores mayores plusvalías por su trabajo, incrementando las ganancias del capital. ¿Por qué esta afirmación? Porque las pensiones no dejan de ser salario, rentas del trabajo que se perciben de forma diferida, y en un sistema de reparto como es el actual, la percepción de este salario es intergeneracional, de los trabajadores/as en activos a los pasivos, a los pensionistas; es un sistema solidario.

Estos ataques y las continuas reformas debilitantes del sistema público nos quieren llevar a un sistema individual y privado, incentivando los mal llamados “planes de pensiones” privados, individuales o de empleo, o promoviendo modelos como la mochila austriaca, que es un fondo de ahorro individual proveniente del salario del trabajador/a que es “invertido” a través de los fondos del mercado financiero; se utilizará posteriormente en caso despido o para la jubilación. Lo mismo que los “planes de pensiones” es traspasar las rentas del trabajo a las rentas del capital, incrementando las ganancias del gran capital, de los especuladores, de la banca…

Ya hay experiencias de la aplicación de estos sistemas capitalistas, como el modelo chileno, que tras el golpe militar e instaurada la execrable dictadura, obligó a los trabajadores/as a aportar a los fondos de pensiones privados, suprimiendo las pensiones públicas, cosa que no ocurrió con los miembros de las fuerzas armadas y altos funcionarios que sí las mantenían. De esta maniobra financiera bancos españoles con presencia en Chile también se beneficiaron. Llegado el momento de cobrar la pensión como dicen los afectados: “se hicieran las cuentas y por los números que se hicieran nadie nunca llegaba a cobrar ni siquiera el salario mínimo”, dejando a los trabajadores/as prácticamente en la indigencia.

El primer gobierno de Bachelet modifico la ley para complementar desde las arcas públicas las pensiones provenientes de los fondos privados hasta complementar el salario mínimo (el de Chile). Esto es una estafa y robo a gran escala por parte de los de siempre.

Entre los falsos argumentos que utilizan para atacar a las pensiones públicas está el incremento de la esperanza de vida. Un dato utilizado de forma sesgada, o manipulada, dado que se incrementa más la esperanza de vida en las clases sociales con mejores condiciones económicas, pero no ocurre lo mismo con las clases sociales más desfavorecidas y que son las receptoras de mayor número de pensiones públicas, eso sí, de cuantía mínima. También quieren aplicar la lógica de los sistemas privados introduciendo un factor de riesgo como si fuera un producto financiero que penaliza vivir algún año más, pero cargándolo sobre las clases populares.

Es sabido que en este momento se quiere llegar a un consenso para dar otra vuelta de tuerca a las pensiones, lo que denominan otra reforma del Sistema de Pensiones, en el marco del Pacto de Toledo, y lo quieren hacer urgente, según el ministro Escrivá. Para nosotros no supone ninguna garantía el gobierno actualmente constituido, dado que sigue a pie juntillas las imposiciones de la Unión Europea, y que van directamente en perjuicio de los pensionistas actuales y de futuro, con un intento de reducir aún más las prestaciones y endurecer y dificultar el acceso a una pensión digna.

Cualquier modificación en ese sentido llevará al Sistema Público de Pensiones a una mayor precariedad, que inevitablemente conduce a unas peores condiciones de vida de nuestros jubilados y jubiladas, condiciones que para una gran mayoría son ya prácticamente de miseria y están al límite. Seguimos con un sistema que para 5 millones de pensionistas su pensión se sitúa entre 350 y 735 euros, que el 70% no llega ni a 1000 euros y que se mantiene la vergonzosa brecha de género.

En el Pacto de Toledo no están representados los intereses de los pensionistas, ni de la clase trabajadora en general. Siguen estando los mismos (incluidos CCOO y UGT) que subieron la edad de jubilación a 67 años, o que ampliaron los años de cotización para el acceso y el cálculo de la pensión, y los que introdujeron factores de corrección, como el factor de sostenibilidad o de revalorización, lo que conlleva una minoración de la pensión. Tampoco nos olvidamos de que fue el Pacto el que facilitó los planes privados de pensiones, un fabuloso negocio para todos los que participan en la gestión de estos “planes”, incluidos los sindicatos del sistema que también entran al reparto del botín. Por lo tanto, en este marco no habrá soluciones favorables para los jubilados y jubiladas, para la clase trabajadora.

Otra pelota que tiene en el tejado este gobierno son las diferentes reformas laborales que precarizaron las condiciones laborales, empeoraron el acceso a la pensión y disminuyeron la cuantía que se percibe. Nosotros y nosotras exigimos su derogación, porque suponen un grave retroceso en los derechos laborales; además, porque sin empleo en condiciones y con salarios dignos el Sistema Público de Pensiones pierde su sustento fundamental.

Nos reafirmamos en las reivindicaciones que fraguaron, dieron sentido y unidad al movimiento por la defensa del Sistema Público de Pensiones, que fundamentalmente son:

1. Pensión mínima de 1.084 euros mensuales.

2. Pensiones a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.

3. Derogación inmediata del Pacto de Toledo.

La lucha continúa, las pensiones de los trabajadorxs siguen siendo objetivo de la rapiña y saqueo por parte del capital. Reiteramos el llamamiento a la clase trabajadora: en activo, pensionistas, parados, estudiantes… para organizarse y luchar por lo que nos pertenece, por las conquistas que consiguieron los y las que nos han precedido.

¡GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LOS DERECHOS SE DEFIENDEN!

NO AL PACTO DE TOLEDO