Es una realidad que todo derecho conquistado por la clase trabajadora es atacado sistemáticamente por la banca, la patronal, por el sistema en general, tanto en el Estado Español como en el resto de Europa. Hay una situación de revancha para eliminar los derechos que aún nos quedan. La otra cara del ataque se ceba en todo lo público: sanidad, educación, servicios (transporte, administraciones…), y contra las pensiones de la clase trabajadora cuyo soporte es el Sistema Público de Pensiones.
Continuamente vemos como en los medios de comunicación, que de forma ejemplar sirven de voceros de los intereses de sus dueños (gran empresa, banca, etc.), nos bombardean arremetiendo contra la sostenibilidad y viabilidad de las Pensiones Públicas, para desmantelar el sistema actual con manipulaciones y argumentos hechos a medida de sus objetivos.
Estos objetivos fundamentales son: derivar la gran masa económica que maneja el Sistema Público hacia la banca privada; y por supuesto, sustraer a las trabajadoras y trabajadores mayores plusvalías por su trabajo, incrementando las ganancias del capital. ¿Por qué esta afirmación? Porque las pensiones no dejan de ser salario, rentas del trabajo que se perciben de forma diferida, y en un sistema de reparto como es el actual, la percepción de este salario es intergeneracional, de los trabajadores/as en activos a los pasivos, a los pensionistas; es un sistema solidario.
Estos ataques y las continuas reformas debilitantes del sistema público nos quieren llevar a un sistema individual y privado, incentivando los mal llamados “planes de pensiones” privados, individuales o de empleo, o promoviendo modelos como la mochila austriaca, que es un fondo de ahorro individual proveniente del salario del trabajador/a que es “invertido” a través de los fondos del mercado financiero; se utilizará posteriormente en caso despido o para la jubilación. Lo mismo que los “planes de pensiones” es traspasar las rentas del trabajo a las rentas del capital, incrementando las ganancias del gran capital, de los especuladores, de la banca…
Ya hay experiencias de la aplicación de estos sistemas capitalistas, como el modelo chileno, que tras el golpe militar e instaurada la execrable dictadura, obligó a los trabajadores/as a aportar a los fondos de pensiones privados, suprimiendo las pensiones públicas, cosa que no ocurrió con los miembros de las fuerzas armadas y altos funcionarios que sí las mantenían. De esta maniobra financiera bancos españoles con presencia en Chile también se beneficiaron. Llegado el momento de cobrar la pensión como dicen los afectados: “se hicieran las cuentas y por los números que se hicieran nadie nunca llegaba a cobrar ni siquiera el salario mínimo”, dejando a los trabajadores/as prácticamente en la indigencia.
El primer gobierno de Bachelet modifico la ley para complementar desde las arcas públicas las pensiones provenientes de los fondos privados hasta complementar el salario mínimo (el de Chile). Esto es una estafa y robo a gran escala por parte de los de siempre.
Entre los falsos argumentos que utilizan para atacar a las pensiones públicas está el incremento de la esperanza de vida. Un dato utilizado de forma sesgada, o manipulada, dado que se incrementa más la esperanza de vida en las clases sociales con mejores condiciones económicas, pero no ocurre lo mismo con las clases sociales más desfavorecidas y que son las receptoras de mayor número de pensiones públicas, eso sí, de cuantía mínima. También quieren aplicar la lógica de los sistemas privados introduciendo un factor de riesgo como si fuera un producto financiero que penaliza vivir algún año más, pero cargándolo sobre las clases populares.
Es sabido que en este momento se quiere llegar a un consenso para dar otra vuelta de tuerca a las pensiones, lo que denominan otra reforma del Sistema de Pensiones, en el marco del Pacto de Toledo, y lo quieren hacer urgente, según el ministro Escrivá. Para nosotros no supone ninguna garantía el gobierno actualmente constituido, dado que sigue a pie juntillas las imposiciones de la Unión Europea, y que van directamente en perjuicio de los pensionistas actuales y de futuro, con un intento de reducir aún más las prestaciones y endurecer y dificultar el acceso a una pensión digna.
Cualquier modificación en ese sentido llevará al Sistema Público de Pensiones a una mayor precariedad, que inevitablemente conduce a unas peores condiciones de vida de nuestros jubilados y jubiladas, condiciones que para una gran mayoría son ya prácticamente de miseria y están al límite. Seguimos con un sistema que para 5 millones de pensionistas su pensión se sitúa entre 350 y 735 euros, que el 70% no llega ni a 1000 euros y que se mantiene la vergonzosa brecha de género.
En el Pacto de Toledo no están representados los intereses de los pensionistas, ni de la clase trabajadora en general. Siguen estando los mismos (incluidos CCOO y UGT) que subieron la edad de jubilación a 67 años, o que ampliaron los años de cotización para el acceso y el cálculo de la pensión, y los que introdujeron factores de corrección, como el factor de sostenibilidad o de revalorización, lo que conlleva una minoración de la pensión. Tampoco nos olvidamos de que fue el Pacto el que facilitó los planes privados de pensiones, un fabuloso negocio para todos los que participan en la gestión de estos “planes”, incluidos los sindicatos del sistema que también entran al reparto del botín. Por lo tanto, en este marco no habrá soluciones favorables para los jubilados y jubiladas, para la clase trabajadora.
Otra pelota que tiene en el tejado este gobierno son las diferentes reformas laborales que precarizaron las condiciones laborales, empeoraron el acceso a la pensión y disminuyeron la cuantía que se percibe. Nosotros y nosotras exigimos su derogación, porque suponen un grave retroceso en los derechos laborales; además, porque sin empleo en condiciones y con salarios dignos el Sistema Público de Pensiones pierde su sustento fundamental.
Nos reafirmamos en las reivindicaciones que fraguaron, dieron sentido y unidad al movimiento por la defensa del Sistema Público de Pensiones, que fundamentalmente son:
1. Pensión mínima de 1.084 euros mensuales.
2. Pensiones a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.
3. Derogación inmediata del Pacto de Toledo.
La lucha continúa, las pensiones de los trabajadorxs siguen siendo objetivo de la rapiña y saqueo por parte del capital. Reiteramos el llamamiento a la clase trabajadora: en activo, pensionistas, parados, estudiantes… para organizarse y luchar por lo que nos pertenece, por las conquistas que consiguieron los y las que nos han precedido.
¡GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LOS DERECHOS SE DEFIENDEN!
NO AL PACTO DE TOLEDO
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