La pandemia de coronavirus está exponiendo con crudeza las estructuras fundamentales de la sociedad de clases. Pese a la declaración del Estado de Alarma por el gobierno, actividades no estratégicas como el telemarketing siguen funcionando, incluso después de que las organizaciones sindicales combativas hayamos denunciado ante la inspección de trabajo y que estos organismos hayan actuado para obligar a estas empresas a dotar de medios de protección a los trabajadores y trabajadoras, o decrete la paralización de actividades por riesgo grave e inminente, como en Konecta, la principal plataforma del ramo.
Las clases populares, la clase obrera, siguen siendo las principales damnificadas por esta crisis. Los trabajadores y trabajadoras que aún tienen empleo están trabajando sin las condiciones mínimas de seguridad, exponiéndose a un riesgo intolerable. Miles de personas han sido sometidas a ERTEs fulminantes y van a pasar a cobrar una parte insuficiente de su sueldo anterior, ya más que insuficiente. Las condiciones de habitabilidad de las viviendas de los barrios obreros dejan mucho que desear, abundando las infraviviendas insalubres, en las que se hacinan personas vulnerables, mayores o trabajadores y trabajadoras que han sido expulsados al desempleo. En la Sanidad pública, en la primera línea de combate contra el virus, el personal sanitario está siendo sometido a una sobrecarga diabólica, con una evidente falta de recursos en el contexto de la creciente degradación de la sanidad pública implementada desde la aprobación de la Ley 15/97, que permitió iniciar el proceso privatizador. Además, colectivos vinculados al sindicalismo sanitario denuncian ante la fiscalía que los trabajadores y trabajadoras son obligados a seguir trabajando en los hospitales aún teniendo síntomas leves de la enfermedad.
La situación es simplemente intolerable. Haremos bien en recordar que este el resultado de décadas de proceso de desmantelamiento de los servicios públicos, de eliminación de camas en los hospitales y de despidos de trabajadores de la sanidad, de flexibilización del trabajo y de reformas laborales, de aumento de la temporalidad en el empleo (también en el sanitario), de burbujas inmobiliarias que han convertido el derecho constitucional a la vivienda en letra muerta para las clases populares, de apertura de mercados para los fondos buitre internacionales y las grandes transnacionales, de ataques a la soberanía nacional y de construcción de una Europa de los mercaderes y no de los pueblos.
En estos momentos de crisis, en este contexto de lucha total contra el virus, las organizaciones del Bloque Combativo y de Clase reclamamos la inmediata puesta en común de todos los recursos nacionales para combatir la pandemia. La inmediata nacionalización, bajo mecanismos de control obrero y ciudadano, de todos los activos (fábricas, capitales, viviendas, maquinaria, etc) imprescindibles para la fabricación de mascarillas, guantes, líquidos desinfectantes, respiradores, y todo lo que pueda ser necesario para que los trabajadores y trabajadoras del sector sanitario, y todos los demás integrantes de las clases populares, la clase obrera, y fundamentalmente las personas especialmente vulnerables al virus, tengan garantías de sobrevivir ante esta pandemia.
LAS VIDAS DEL TRABAJO IMPORTAN. TODOS LOS RECURSOS PARA LA SALUD PÚBLICA.
Las clases populares, la clase obrera, siguen siendo las principales damnificadas por esta crisis. Los trabajadores y trabajadoras que aún tienen empleo están trabajando sin las condiciones mínimas de seguridad, exponiéndose a un riesgo intolerable. Miles de personas han sido sometidas a ERTEs fulminantes y van a pasar a cobrar una parte insuficiente de su sueldo anterior, ya más que insuficiente. Las condiciones de habitabilidad de las viviendas de los barrios obreros dejan mucho que desear, abundando las infraviviendas insalubres, en las que se hacinan personas vulnerables, mayores o trabajadores y trabajadoras que han sido expulsados al desempleo. En la Sanidad pública, en la primera línea de combate contra el virus, el personal sanitario está siendo sometido a una sobrecarga diabólica, con una evidente falta de recursos en el contexto de la creciente degradación de la sanidad pública implementada desde la aprobación de la Ley 15/97, que permitió iniciar el proceso privatizador. Además, colectivos vinculados al sindicalismo sanitario denuncian ante la fiscalía que los trabajadores y trabajadoras son obligados a seguir trabajando en los hospitales aún teniendo síntomas leves de la enfermedad.
La situación es simplemente intolerable. Haremos bien en recordar que este el resultado de décadas de proceso de desmantelamiento de los servicios públicos, de eliminación de camas en los hospitales y de despidos de trabajadores de la sanidad, de flexibilización del trabajo y de reformas laborales, de aumento de la temporalidad en el empleo (también en el sanitario), de burbujas inmobiliarias que han convertido el derecho constitucional a la vivienda en letra muerta para las clases populares, de apertura de mercados para los fondos buitre internacionales y las grandes transnacionales, de ataques a la soberanía nacional y de construcción de una Europa de los mercaderes y no de los pueblos.
En estos momentos de crisis, en este contexto de lucha total contra el virus, las organizaciones del Bloque Combativo y de Clase reclamamos la inmediata puesta en común de todos los recursos nacionales para combatir la pandemia. La inmediata nacionalización, bajo mecanismos de control obrero y ciudadano, de todos los activos (fábricas, capitales, viviendas, maquinaria, etc) imprescindibles para la fabricación de mascarillas, guantes, líquidos desinfectantes, respiradores, y todo lo que pueda ser necesario para que los trabajadores y trabajadoras del sector sanitario, y todos los demás integrantes de las clases populares, la clase obrera, y fundamentalmente las personas especialmente vulnerables al virus, tengan garantías de sobrevivir ante esta pandemia.
LAS VIDAS DEL TRABAJO IMPORTAN. TODOS LOS RECURSOS PARA LA SALUD PÚBLICA.
Reiteramos, también, nuestras reivindicaciones inmediatas, ya expresadas en nuestro anterior comunicado:
1. En el ámbito sanitario:
- Obtención de la financiación necesaria, mediante la emisión de deuda u otros mecanismos, para hacer las inversiones necesarias y urgentes en la sanidad pública, incorporación real de la sanidad privada a la red pública y planificación centralizada de ambas.
- Contratación del personal necesario para abrir de forma inmediata todas las camas cerradas desde 2010 y facilitar el pleno funcionamiento de los centros sanitarios de atención primaria y especializada las 24 horas.
2. Poner urgentemente a disposición de todas las personas que lo necesiten los alimentos suficientes y productos higiénicos para garantizar una alimentación y desinfección adecuadas, empezando por los niños y niñas que se han quedado sin comedor escolar.
3. Garantizar por parte del Estado permisos adicionales retribuidos y plena seguridad laboral a trabajadoras y trabajadores enfermos, que deban dejar de trabajar por medidas profilácticas o que deban atender a niños o adultos dependientes. Paralización retribuida de las actividades en las actividades productivas no esenciales.
4. Paralización de los despidos y, para los ya producidos, derecho inmediato a percibir la prestación por desempleo y a que la que ahora se cobre no se entienda consumida tras la crisis sanitaria, volviendo a poner el "contador a cero". Prohibición de EREs y ERTEs en grandes empresas durante el tiempo de vigencia del Estado de Alarma.
Exigir que las empresas, en caso de ERTEs, complementen al 100% a los trabajadores y trabajadoras que pasan a percibir un 70% de sus salarios ya precarios en concepto de desempleo.
Pleno respeto a las medidas de prevención de riesgos laborales y a las indicaciones de la comunidad sanitaria, asociadas a la actual pandemia, en los centros de trabajo, y encarcelamiento inmediato de los responsables de su incumplimiento tras la exigencia realizada por las organizaciones sindicales.
5. Prohibición y persecución de prácticas laborales abusivas, como el consumo obligatorio de permisos vacacionales.
6. Moratoria total del pago de hipotecas y alquileres. Detención de todos los desahucios por impago de hipoteca o de alquiler e incautación a los bancos de las viviendas necesarias para asegurar a todas las personas ese derecho, por razones de emergencia de Salud Pública. Porque, ¿cómo se ejecutan las medidas profilácticas cuando no se tiene casa?
7. Anular todo corte de luz, de gas o de agua por impago.
8. Renta básica de solidaridad suficiente para todas las personas en situación de necesidad y vulnerabilidad.
23 de marzo de 2020.
Bloque Combativo y de Clase.
